La absolución definitiva de las campesinas y campesinos de la masacre de Curuguaty es una histórica victoria en primer lugar suya, que a lo largo de estos seis años vencieron al dolor de haber perdido familiares, amigos y compañeros; a la rabia de ser acusados como autores de una masacre de la que sobrevivieron -algunos de ellos con heridas graves-; a la imposibilidad de trabajar, estudiar, ver a sus familias y desarrollar sus vidas; a la desatención médica en situación de reclusión; a la presión física y psicológica de un proceso judicial en el que recibieron todo tipo de agravios por parte de jueces, fiscales, policías y algunos periodistas y dueños de medios de comunicación; a cuatro huelgas de hambre prolongadísimas en las que algunos de ellos casi pierden la vida; y a una sentencia arbitraria de primera instancia en la que se los condenó cambiando la acusación, en medio de un inmenso operativo policial militarizado.
Es una victoria popular de los familiares de las presas y presos políticos que atravesaron un sinfín de penurias en medio del luto y el dolor. Y es una victoria del conjunto del movimiento popular, las organizaciones campesinas, estudiantiles, culturales, de mujeres, de trabajadoras y trabajadores, de artistas, de defensoras y defensores de DDHH organizaciones TLGBI, migrantes, de pueblos originarios, de niñas, niños y adolescentes, organizaciones eclesiásticas y políticas en todas sus vertientes desde el progresismo a las izquierdas, que con ingenio, coraje y mucha persistencia recurrimos a diversas formas de lucha en todo el país para obtener la libertad de las presas y presos políticos. Es una victoria popular mundial, puesto que, desde Buenos Aires, Córdoba, Madrid, Barcelona, París, New York, Londres, Berlín, Sao Paulo, Estocolmo y otras latitudes, la migración paraguaya se organizó y peleó junto a organizaciones populares de sus territorios por revertir esta inmoral acusación y condena. ¡Es una enorme, resonante y colorida victoria popular que remarca que la lucha organizada es el único camino y tiene resultados!
La falacia instalada por fiscales, sojeros, políticos golpistas y todos los medios comerciales de comunicación los días posteriores a la masacre de que un peligroso grupo de campesinos fuertemente armados y presuntamente entrenados por guerrillas organizó una emboscada contra un pequeño grupo de policías desarmados que legalmente realizaban un operativo de allanamiento queda hoy evidenciada una vez más como ridícula y como una deliberada estrategia de shock comunicacional que perseguía un objetivo claro: ejecutar un golpe de Estado. Para ejecutar -y luego justificar- ese golpe de Estado del 21 y 22 de junio del 2012, necesitaban condenar campesinas y campesinos como chivos expiatorios.
Sin embargo, la lucha organizada de resistencia al golpe de Estado que progresivamente fue mutando a una lucha por la libertad de las presas y presos políticos hasta convertirse, a finales del 2012, en prácticamente la única y central resistencia al golpismo, resistencia que tuvo la capacidad de ser un factor de unidad de todos los sectores en medio de una atomización del campo popular en la lucha electoral hacia las elecciones generales del 2013 organizadas por el golpismo.
La lucha por Curuguaty fue también a lo largo de estos años una oportunidad para evidenciar que el poder narco-mafioso instrumentaliza a la justicia para perseguir y condenar a sectores sociales y políticos que disentimos con el régimen de democracia de fachada que rige desde la salida de Stroessner en 1989. No se puede entender la prisión política de campesinas y campesinos en Curuguaty si no se recuerda que en el año 2002 los dirigentes políticos del Partido Patria Libre Juan Arrom y Anuncio Martí fueron secuestrados y torturados durante dos semanas por los policías Saturnino Antonio Gamarra, Jose Schémbori y otros bajo complicidad de ministros y el mismo fiscal general de entonces: Oscar German Latorre. No se puede entender la prisión arbitraria por razones políticas si no se recuerda que seis dirigentes campesinos (cinco de ellos miembros del PPL) solicitaron refugio político en Argentina al ser acusados falsamente por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas y estando en trámite su refugio fueron detenidos ilegalmente para luego ser extraditados en el año 2008 y condenados arbitrariamente días después del golpe del 2012 a 35 años de cárcel en una causa armada por la actual titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez.
Numerosas causas similares donde dirigentes sociales -principalmente campesinos- pero también estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos son acusados falsamente por la justicia para frenar sus demandas o incluso, asesinados por sicarios o policías (Al menos 117 casos entre 1989 y 2013 según CODEHUPY). En Paraguay nunca dejó de existir el Terrorismo de Estado, nunca dejaron de existir las presas y presos por razones políticas. La lucha por el caso Curuguaty llevó esta verdad a todas las pantallas, obligó a toda la sociedad a mirar hacia la cárcel de Tacumbú y mostrar las miserables condiciones en el que el Estado paraguayo mantiene presos y sin condena a miles de jóvenes, hombres, mujeres y trans, principalmente por ser pobres.
A lo largo de estos años también la lucha por Curuguaty permitió poner en debate el carácter de invasores de la familia Riquelme sobre las tierras públicas de Marina Kue, propiedad del Estado Paraguayo quien las destinó para la Reforma Agraria. ¡Marina kue pueblo mba'e! fue la consigna que retumbó en todo el mundo y nos permitió remarcar que existen más de 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas (ver informe de la Comisión de Verdad y Justicia) durante el periodo del Terrorismo de Estado Stronista, entregadas fraudulentamente a sojeros, empresarios, militares y mafiosos amigos de la dictadura.
Ahora vamos por la justicia
La absolución final las presas y presos políticos deja también en evidencia a todo el coro de encubridores, golpistas, fiscales, jueces y periodistas que se encargaron de esconder la verdad, de tergiversar los hechos y mentir para condenar a inocentes y dejar impunes a los verdaderos responsables del asesinato a sangre fría de 17 personas, algunas de ellas ejecutadas con posterioridad al tiroteo inicial. Hoy comienza otra lucha: el juicio y castigo a los verdaderos responsables materiales e ideológicos de la Masacre de Curuguaty y de la farsa judicial que condenó a nuestras compañeras y compañeros campesinos. Los autores de esta tragedia deben ser condenados, las campesinas y campesinos falsamente acusados indemnizados y los operadores judiciales procesados penalmente por prevaricato, ocultamiento de pruebas y otros delitos. Jalil Rachid, Yanine Ríos, Liliana Alcaraz, Ramón Trinidad Zelaya, y los Ministros de la Corte que numerosas veces confirmaron en el cargo a éstos y otros operadores judiciales, deben rendir cuentas penalmente, ser separados de sus cargos por vía Juicio Político unos y por medio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los demás, cada uno debe pagar por sus delitos según su cargo y responsabilidad. Asimismo, las y los periodistas que, a lo largo de estos años, pese a las numerosas pruebas de inocencia de las campesinas y campesinos prefirieron seguir propalando mentiras deben pedir disculpas públicas a toda la sociedad por violar el derecho a la información veraz.
¡Falta Rubén!
La alegría es parcial, porque en este momento casi no quedan campesinos de Curuguaty en prisión. Pero falta Rubén Villaba quien en virtud a un montaje judicial reflotado en el año 2013 para retenerlo en Tacumbú, luego de haber obtenido prisión domiciliaria vía casi 60 días de huelga de hambre, fue condenado ilegalmente en el 2015 a siete años de prisión por un tribunal de Saltos del Guairá. Revocar esta prisión arbitraria es una tarea urgente y necesaria hoy para completar esta enorme victoria popular.
De esta manera recibimos al gobierno del colorado fascista Mario Abdo Benítez, con una enorme victoria popular a cuestas, con la seguridad de que la lucha organizada y combativa desde abajo trae victorias, con la convicción de que las mayorías merecemos y organizaremos una nueva sociedad donde el derecho a la vida digna esté por encima del lucro y el individualismo consumista.
Te invitamos a seguir construyendo poder popular y a marchar junto al PCP y el Congreso Democrático del Pueblo este 15 de agosto para dejar bien en claro al nuevo gobierno fascista -de continuidad stronista- que el pueblo paraguayo se está preparando para dirigir su destino.
¡Justicia por Luciano Ortega, Avelino Espínola, Luis Agustín y Fermín Paredes González, Ricardo Frutos Lara, Adolfo Castro, Arnaldo Ruiz Díaz, De Los Santos Agüero, Andrés Riveros García, Delfín Duarte y Francisco Ayala, asesinados el 15 de junio de 2012 por el golpismo terrorista!
¡Libertad a Rubén Villalba!
¡Libertad a Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Arístides Vera, Simeón Bordón, Agustín Acosta y Gustavo Lezcano!
¡Libertad a Genaro Meza!
¡Juicio y castigo al golpismo terrorista!
¡Derogación de la Ley mal llamada "Antiterrorista"!
¡Castigo a los operadores del poder judicial mafioso y patriarcal!
Partido Comunista Paraguayo
27 de julio de 2018